viernes, octubre 29, 2004


Andrés Barreda

Las comunidades indígenas de México viven hace años una presión enorme contra su vida colectiva. Ocurre en todos los planos: económico, social, político y cultural. Es un alud de agresiones. Algunas son deliberadas y otras son parte de una situación caótica que al enredarse acelera el proceso de destrucción de la vía campesina.

Uno de sus efectos planeados es la expulsión masiva que en el norte, el centro y el sur vacía regiones completas. La coordinadora empresarial más importante del país, en Monterrey, afirma que el campo debe vaciarse. De los 23-25 millones de campesinos que había hace unos trece años, lo ideal es que queden dos-tres millones. Santiago Levy, diseñador de Solidaridad y del Plan Puebla-Panamá, insiste en que los campesinos salgan del campo, se concentren en las urbes o en los medios rurales donde existan grandes proyectos de agroexportación que quedarían en manos de aquellos capitales que sí tienen las condiciones de concentrar grandes propiedades de tierra y nuevas condiciones tecnológicas, para emprender proyectos de producción agroforestal de exportación, hacer grandes usos de agua y recursos, de pesticidas y agroquímicos, y de los mercados que darían empleo a algunos de los habitantes rurales.

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